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Martes, 11 Febrero 2020 08:58

LA PROCURADURIA, LOS NIÑOS Y LA GUERRA.

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Procuraduría exige acciones de protección a los menores de edad frente al reclutamiento forzado, también advirtió debilidad e inacción por parte de la CIPRUNNA frente a sus responsabilidades en la formulación de un plan de acción que garantice protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto.

El ente de control instó a atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que han advertido reclutamiento en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

La Procuraduría General de la Nación exigió a los entes territoriales y a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), medidas de prevención y protección de los menores de edad víctimas del reclutamiento forzado.

Señaló que durante 2018 y 2019 se reportaron casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en municipios de Nariño, Chocó, Arauca, Bolívar, Cesar y Norte de Santander; de las disidencias de las FARC-EP en Guaviare, Caquetá, Meta y Nariño; de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en Antioquia y Chocó, y del EPL (Pelusos) en Norte de Santander.

En informe preventivo sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el órgano de control reclamó la definición de un plan de asistencia técnica a las entidades territoriales para que las administraciones 2020-2023 encaminen las acciones requeridas, de manera articulada con la oferta de las entidades nacionales, que cuentan con programas de prevención y protección para los derechos de esta población.

La Entidad priorizó el análisis sobre la manera cómo los territorios abordaron la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y encontró que los departamentos de Quindío, Sucre, Vichada, y 62 municipios de los departamentos de Antioquia (13), Atlántico (6), Bolívar (11), Boyacá (28), Caldas (3) y Caquetá (1) no realizaron ninguna acción estratégica.

La Procuraduría estableció que en el 30% del territorio nacional aumentaron las víctimas, y se registró un incremento del desplazamiento forzado en cerca del 25% de los municipios del país, de manera particular en Putumayo y Sucre, donde la cifra ascendió a un 50%.

Por estas razones, la Procuraduría insiste en la articulación entre las entidades nacionales y territoriales, así como en la elaboración, a través de la Secretaría Técnica de la CIPRUNNA, de un plan de acción nacional con metas, objetivos, responsables y presupuestos claros, conforme a las acciones y necesidades identificadas.

Finalmente, enfatizó en la urgencia de que el Gobierno Nacional defina las acciones intersectoriales que permitan una respuesta integral y oportuna a las situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización.

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